La Corte Constitucional deberá decidir si acepta que el gobierno tenga la última palabra a la hora de instalar las redes o si mantiene el caos que han generado los municipios con reglamentaciones muchas veces absurdas.

Con información a la comunidad, pero definitivamente con su comprensión, así como con el apoyo de las localidades, se logrará cumplir con las metas de penetración de internet.